La simplificación administrativa y la información serán prioridades en la política territorial durante la VIII Legislatura
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, compareció esta mañana a petición propia ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Parlamento de Canarias, donde anticipó que la política de la Consejería en materia de política territorial se fundamentará en cuatro ejes: la simplificación legislativa; la transparencia de la información sobre el territorio; la adaptación de todo el planeamiento urbanístico de Canarias a la normativa vigente y el logro de la transferencia de la gestión de la costa canaria a la Comunidad Autónoma.
Simplificación
Como el objetivo más inmediato en su gestión, el consejero nombró la elevación al Consejo de Gobierno del Anteproyecto de Ley de Armonización en materia de Protección Territorial. Con la redacción de ese texto, Domingo Berriel pretende, entre otras metas, clarificar la asignación de responsabilidades y competencias, y simplificar los procedimientos de tramitación y aprobación del planeamiento y de las evaluaciones ambientales y estratégicas. Eso sí, el consejero puntualizó que el desarrollo del nuevo marco legislativo tendrá especial atención a “no menoscabar las garantías de transparencia, publicidad y participación de los ciudadanos e instituciones en la toma de decisiones relativa a estas políticas”.
Con la nueva normativa, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial aspira, además, a eliminar duplicidades en los procedimientos administrativos y contar con un marco legal más fácil de comprender por el ciudadano, para permitirle un participación más eficiente, no sólo en los procesos de participación pública durante la elaboración de planes, programas y proyectos, sino también en la propia gestión del territorio.
Así, los cambios en el ordenamiento legal permitirán, entre otras mejoras, clarificar los deberes y derechos de los propietarios afectados en los procedimientos de declaración y el régimen jurídico de las zonas que forman parte de la Red Natura 2000; determinar las medidas y beneficios por la corresponsabilización y colaboración de los propietarios y particulares en la conservación y protección de la biodiversidad y la sostenibilidad; simplificar y ordenar los procedimientos y políticas relativas a la gestión de los residuos; y modificar sustancialmente el régimen jurídico sancionador en materia de disciplina urbanística territorial y ambiental, incentivando el restablecimiento voluntario y negociado del orden jurídico perturbado y de la realidad física alterada y adecuando las sanciones pecuniarias a la situación económica del infractor llegado el caso,
Transparencia
La voluntad de situar al ciudadano como centro de la acción política, al tiempo que impulsor del desarrollo de Canarias, lleva a que uno de los objetivos de la Consejería en esta VIII Legislatura sea aumentar las oportunidades de los particulares, empresas y entidades ajenas a la administración pública para intervenir en la gestión, cuidado y planeamiento del territorio, a través del impulso de las políticas y las herramientas informativas. Así, Berriel apuntó que “se mejorarán el alcance, los instrumentos y las diferentes capas de información sobre el territorio” que se han facilitado hasta la fecha a través de la plataforma digital de información sobre el territorio, gestionada a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio y las empresas públicas Gesplan y Grafcan.
En esta búsqueda de la transparencia y la cooperación, la Consejería mantendrá su ayuda a las oficinas técnicas municipales, establecerá servicios y protocolos de uniformidad y armonización de procedimientos e interpretaciones normativas y mejorará la interconexión de todos los departamentos autonómicos, insulares y municipales responsables del planeamiento.
Planeamiento
Todas las políticas a implementar por la Consejería en materia de política territorial durante los próximos cuatro años pasan por aplicar criterios de planificación y racionalidad, que aporten ante todo seguridad. Y esa seguridad pasa por lograr que todos los municipios cuenten con planes adaptados plenamente a la normativa vigente.
Se trataría, según el consejero, de que todos los ciudadanos conozcan con exactitud todas las normas que afectan a un determinado suelo y que éstas aporten las máximas garantías legales. Es un objetivo final, que parte de una situación en la que, de los 88 municipios canarios, 20 disponen de Plan General de Ordenación adaptado a la Ley de directrices y 9 más han aprobado ya provisionalmente su plan, finalizando su fase municipal.
Otros 20 planes se encuentran en fase municipal de aprobación provisional y 26 en fase de avance, con lo que 13 municipios todavía no han iniciado el avance del plan general adaptado, aun cuando 8 de ellos están adaptados plenamente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
En este extremo, Berriel apeló a la “corresponsabilidad” de los ayuntamientos, para que las actuaciones de apoyo por parte del Gobierno de Canarias encuentren una buena respuesta en el ritmo, continuidad y rigor de los trabajos del planeamiento en la fase municipal y para, en el caso contrario, intensificar las actuaciones de la Consejería en la elaboración y aprobación de los planes supletorios. En la actualidad, el departamento autonómico ha asumido la elaboración de cinco planes generales de ordenación supletorios (Yaiza, Teror, La Aldea, Pájara y Arafo) que se encuentran muy avanzados.
Más avanzada se encuentra la ordenación de los Espacios Naturales, más del 40% del Territorio Canario, cuya promoción y aprobación han sido debidamente abordadas, por corresponder la iniciativa al Gobierno. Así, respecto a los 146 Espacios Naturales Protegidos, sólo falta aprobar los instrumentos de ordenación de 15 espacios, por lo que en breve esta ordenación quedará completada.
Costas
El último eje de actuación de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial en materia de Ordenación del Territorio se centrará en la negociación con el Gobierno del Estado, para mejorar la gestión de nuestro territorio.
En este aspecto, Domingo Berriel consideró prioritario concluir el diálogo para la materialización de las transferencias de gestión del dominio público del litoral canario y organizar este servicio, lo que permitirá al Gobierno de Canarias dotar de una mayor coherencia a la ordenación integral del territorio del archipiélago.
Simplificación
Como el objetivo más inmediato en su gestión, el consejero nombró la elevación al Consejo de Gobierno del Anteproyecto de Ley de Armonización en materia de Protección Territorial. Con la redacción de ese texto, Domingo Berriel pretende, entre otras metas, clarificar la asignación de responsabilidades y competencias, y simplificar los procedimientos de tramitación y aprobación del planeamiento y de las evaluaciones ambientales y estratégicas. Eso sí, el consejero puntualizó que el desarrollo del nuevo marco legislativo tendrá especial atención a “no menoscabar las garantías de transparencia, publicidad y participación de los ciudadanos e instituciones en la toma de decisiones relativa a estas políticas”.
Con la nueva normativa, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial aspira, además, a eliminar duplicidades en los procedimientos administrativos y contar con un marco legal más fácil de comprender por el ciudadano, para permitirle un participación más eficiente, no sólo en los procesos de participación pública durante la elaboración de planes, programas y proyectos, sino también en la propia gestión del territorio.
Así, los cambios en el ordenamiento legal permitirán, entre otras mejoras, clarificar los deberes y derechos de los propietarios afectados en los procedimientos de declaración y el régimen jurídico de las zonas que forman parte de la Red Natura 2000; determinar las medidas y beneficios por la corresponsabilización y colaboración de los propietarios y particulares en la conservación y protección de la biodiversidad y la sostenibilidad; simplificar y ordenar los procedimientos y políticas relativas a la gestión de los residuos; y modificar sustancialmente el régimen jurídico sancionador en materia de disciplina urbanística territorial y ambiental, incentivando el restablecimiento voluntario y negociado del orden jurídico perturbado y de la realidad física alterada y adecuando las sanciones pecuniarias a la situación económica del infractor llegado el caso,
Transparencia
La voluntad de situar al ciudadano como centro de la acción política, al tiempo que impulsor del desarrollo de Canarias, lleva a que uno de los objetivos de la Consejería en esta VIII Legislatura sea aumentar las oportunidades de los particulares, empresas y entidades ajenas a la administración pública para intervenir en la gestión, cuidado y planeamiento del territorio, a través del impulso de las políticas y las herramientas informativas. Así, Berriel apuntó que “se mejorarán el alcance, los instrumentos y las diferentes capas de información sobre el territorio” que se han facilitado hasta la fecha a través de la plataforma digital de información sobre el territorio, gestionada a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio y las empresas públicas Gesplan y Grafcan.
En esta búsqueda de la transparencia y la cooperación, la Consejería mantendrá su ayuda a las oficinas técnicas municipales, establecerá servicios y protocolos de uniformidad y armonización de procedimientos e interpretaciones normativas y mejorará la interconexión de todos los departamentos autonómicos, insulares y municipales responsables del planeamiento.
Planeamiento
Todas las políticas a implementar por la Consejería en materia de política territorial durante los próximos cuatro años pasan por aplicar criterios de planificación y racionalidad, que aporten ante todo seguridad. Y esa seguridad pasa por lograr que todos los municipios cuenten con planes adaptados plenamente a la normativa vigente.
Se trataría, según el consejero, de que todos los ciudadanos conozcan con exactitud todas las normas que afectan a un determinado suelo y que éstas aporten las máximas garantías legales. Es un objetivo final, que parte de una situación en la que, de los 88 municipios canarios, 20 disponen de Plan General de Ordenación adaptado a la Ley de directrices y 9 más han aprobado ya provisionalmente su plan, finalizando su fase municipal.
Otros 20 planes se encuentran en fase municipal de aprobación provisional y 26 en fase de avance, con lo que 13 municipios todavía no han iniciado el avance del plan general adaptado, aun cuando 8 de ellos están adaptados plenamente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
En este extremo, Berriel apeló a la “corresponsabilidad” de los ayuntamientos, para que las actuaciones de apoyo por parte del Gobierno de Canarias encuentren una buena respuesta en el ritmo, continuidad y rigor de los trabajos del planeamiento en la fase municipal y para, en el caso contrario, intensificar las actuaciones de la Consejería en la elaboración y aprobación de los planes supletorios. En la actualidad, el departamento autonómico ha asumido la elaboración de cinco planes generales de ordenación supletorios (Yaiza, Teror, La Aldea, Pájara y Arafo) que se encuentran muy avanzados.
Más avanzada se encuentra la ordenación de los Espacios Naturales, más del 40% del Territorio Canario, cuya promoción y aprobación han sido debidamente abordadas, por corresponder la iniciativa al Gobierno. Así, respecto a los 146 Espacios Naturales Protegidos, sólo falta aprobar los instrumentos de ordenación de 15 espacios, por lo que en breve esta ordenación quedará completada.
Costas
El último eje de actuación de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial en materia de Ordenación del Territorio se centrará en la negociación con el Gobierno del Estado, para mejorar la gestión de nuestro territorio.
En este aspecto, Domingo Berriel consideró prioritario concluir el diálogo para la materialización de las transferencias de gestión del dominio público del litoral canario y organizar este servicio, lo que permitirá al Gobierno de Canarias dotar de una mayor coherencia a la ordenación integral del territorio del archipiélago.
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